El aspecto tributario ha estado presente desde que el hombre se organizó como sociedad; en un principio esta actividad se llevaba a cabo bajo una relación de gobernante y gobernado entre amenazas y represalias pues el estado, o mejor dicho el imperio era militarmente dominante y los recursos recaudados servían para financiar guerras, sin embargo este concepto fue evolucionando hasta el que se tiene actualmente en la mayoría de las constituciones: contribuir en proporción de los “haberes” a los gastos del estado. En México, el artículo 31 fracción IV Constitucional desde 1917 establece, entre otras obligaciones (concepto vinculado a la territorialidad o ámbito espacial más que a un término de coacción), que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de forma proporcional- medida a partir de un mínimo vital de bienes o patrimonio que permita desarrollar un plan de vida mediante la satisfacción de necesidades personales y familiares, y de forma equitativa –trato igual a los iguales-.
Sin embargo, estas disposiciones legales –analizadas en retrospección – parecen ser letra muerta, pues históricamente se ha observado que la evasión y la informalidad -fenómenos que parecen tener relación entre sí –han alcanzado niveles preocupantes pues las estimaciones de miles de millones de pesos que anualmente no entran a las arcas del estado parecen quedar cortas cuando se enfrentan con la realidad. No es el caso saturarnos con datos. No se sabe con certeza las causas, sin embargo, varios estudios a nivel internacional (CEPAL, OCDE, BANCO MUNDIAL) coinciden en que estos indicadores y tendencias pudieran estar asociados al malestar y percepción de los ciudadanos por una ineficiente administración de los recursos públicos, corrupción, impunidad, mala calidad de servicios públicos, etc., incluso se ha asociado a un asunto de idiosincrasia nacional. Como es de imaginarse, la recaudación en México del 16.1 como porcentaje del producto interno bruto en el 2018, está por debajo de la media en países de la OCDE (34.3%), incluso en comparación con países en Latinoamérica tales como Paraguay o Guatemala.
Para hacerle frente a lo anterior descrito y también por compromisos internacionales, el gobierno ha realizado en estas últimas 2 décadas diferentes cambios tales como el IDE y IETU (hoy abrogados), mayores fuentes de información -casi en tiempo real- y herramientas tales como el comprobante fiscal digital por internet, combate a empresas fantasmas, mostrando resultados que indican que se ha iniciado el proceso para revertir esta tendencia; en este sentido, el año pasado y de forma histórica, se llevaron a cabo reformas en el ámbito penal, vinculando sus consecuencias a determinadas conductas originadas (defraudación y discrepancia fiscal) en el ámbito tributario de las personas físicas y las empresas con una afectación directa en su patrimonio, incluso el personal. Para el año que viene, no es la excepción, pues se están analizando cambios en el congreso de diputados y senadores, para dotar a la autoridad fiscal con más facultades y herramientas útiles para llevar a cabo la fiscalización que eventualmente, incrementen los ingresos tributarios del estado mexicano, pero sin aumento o creación de nuevos impuestos…tarea cuesta arriba.
El gobierno actual ha prometido combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer a las instituciones que se encargan de la impartición de justicia, sin embargo, el año pasado México ocupó los últimos deshonrosos lugares a nivel internacional en cuanto a rendición de cuentas y estado de derecho según estudio publicado por World Justice Project.
Ante este escenario, el contribuyente tiene ante sí la disyuntiva: ¿pagar o no pagar impuestos? La respuesta corta es SÍ, puesto que éstos son necesarios para que el Estado lleve a cabo su función de financiar los servicios públicos e infraestructura, pero con un cambio de perspectiva; la presente reflexión aporta algunos elementos- o eso intenta -para tomar esta decisión y posible cambio de rumbo/perspectiva en materia fiscal y patrimonial; es cierto que a mayor riesgo mayor ganancia, pero en muchas ocasiones se piensa que ese riesgo no se va a materializar pues estamos en el país del “no pasa nada”, sin embargo hoy el entorno es diferente al que conocíamos incluso meses atrás, la condiciones socioeconómicas, nacionales e internacionales, menos inversión, menos consumo, la incertidumbre es una constante, la normatividad es más compleja, la necesidad de recursos que el gobierno requiere para llevar a cabo su encomienda constitucional es cada vez mayor, la forma de hacer negocios está teniendo un cambio dramático por la pandemia aunado al riesgo no menor de las consecuencias en materia de salud por el COVID-19, por lo tanto, hoy las posibilidades de que ese riesgo fiscal o patrimonial se materialice es realmente alto en un escenario de no llevar a cabo una transición también histórica y sin precedentes en nuestro proyecto de negocio, hacia un entorno con herramientas para el desarrollo empresarial, protección, incremento y sucesión patrimonial, a través de la detección, cuantificación y reducción de riesgos que representan una amenaza, así como sentar las bases técnicas con solidez profesional….Quizás las cosas no vuelvan a funcionar como lo hacían antes, por lo tanto, tenemos que hacer cosas diferentes…cuidemos lo que tenemos.
La OCDE ha realizado recientemente recomendaciones descritas en una serie de documentos con el título Report on Tax certainty encaminadas a establecer una relación mejorada entre autoridades fiscales y contribuyentes y elevar la moral tributaria (amplio tema para debatir) de éstos últimos- entendida como la “motivación intrínseca” hacia el pago de impuestos- a través de la construcción de una relación de confianza y de buenas prácticas (por ambos lados de la balanza), educar a la población en temas de civismo fiscal incluso desde temprana edad, es decir, mejorar la percepción de transparencia, no corrupción, eficiencia administrativa, e impartición de justicia para que los ciudadanos en verdad contribuyan al proyecto del país con un agenda de colaboración en común.
Esperamos que el gobierno mexicano tome en consideración estas recomendaciones y trace una ruta hacia el cambio en el cual, el empresario, generador de riqueza o patrimonio esté convencido para adoptar una cultura de pagar=contribuir con sus impuestos, buscando las mejores condiciones tributarias dentro del marco legal, con seguridad jurídica, teniendo la confianza que serán bien administrados dentro de una política fiscal que promueva la inversión con rumbo de crecimiento y desarrollo económico.
Concluyo con un fragmento de la obra de Adam Smith, escocés considerado el fundador de la ciencia económica, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, escrita en 1776:
“en esos gobiernos corruptos donde existe como mínimo la sospecha generalizada de que hay muchos gastos innecesarios y un pésimo empleo de los ingresos públicos, las leyes que los guardan son poco respetadas”.
D.C.F. Jorge Enrique Pérez Zapata
Socio del área Fiscal
Octubre 2020